Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura que planteaba la utilización de las plazas de residencia del IES Universidad Laboral de Cáceres no utilizadas por alumnos de Secundaria por estudiantes de la Universidad de Extremadura, como medida para combatir las dificultades de acceso a la vivienda.

En defensa de su propuesta, la diputada Nerea Fernández ha remarcado que Extremadura, y particularmente Cáceres, tiene un "problema" de residencias universitarias y de infraestructuras, que está relacionado con las dificultades de acceso a la vivienda en las principales ciudades de la comunidad.

Esto, unido a la "situación del mercado laboral y los bajos salarios en Extremadura", está provocando que se condene a las familias a elegir entre que los hijos estudien en la universidad o que la familia pueda comer, lo cual está generando una "brecha de desigualdad".

Asimismo, ha hecho referencia a la subida de los precios del alquiler en Cáceres en un 15% en el último año, lo que va a provocar que el próximo mes de septiembre haya "muchos estudiantes en Cáceres que no pueden ir a la universidad porque no pueden costearse el alquiler".

De ahí que planteen esta propuesta, por la que se pondrían unas 350 plazas a disposición de la Universidad de Extremadura, como una medida para paliar la falta de oferta inmobiliaria para estudiantes, en tanto que favorecería tanto al descenso de los alquileres como al aumento de las plazas en residencias.

"Dicen defender la educación, pues aquí tienen una infraestructura educativa infrautilizada que puede aumentar las plazas de residencia, que vendrían muy bien para los estudiantes universitarios", ha señalado a los diputados de PP y Vox.

Apoyo del PSOE y crítica a la falta de medidas en vivienda

La medida ha sido apoyada por el Grupo Socialista, por tratarse de una propuesta que pretende paliar el problema de la vivienda en Extremadura ante la falta de medidas, ha señalado el diputado Juan Ramón Ferreira, quien ha recordado al gobierno regional que las competencias en esta materia son de la comunidad autónoma.

En este punto, ha refrendado los datos que incluye la iniciativa, que reflejan el "sufrimiento que viven las familias trabajadoras para que sus hijos e hijas estudien en ciudades como Cáceres".

"La brecha entre estudiantes por su condición económica familiar se está produciendo" en Extremadura, ha remarcado el diputado socialista, quien ha recriminado al gobierno regional que no esté aplicando la Ley de Vivienda, así como que haya reducido los recursos a la vivienda en los nuevos presupuestos autonómicos.

PP y Vox niegan que exista un problema estructural en Cáceres

Sin embargo, la iniciativa ha sido rechazada por la mayoría que forman PP y Vox en el parlamento extremeño. El diputado del Grupo Popular Agustín Delgado Donoso ha subrayado el "compromiso firme" del gobierno regional con este centro educativo mediante un proyecto dotado con 26 millones de euros, que incluye la ampliación de las plazas de residencia, pero en este caso, ha remarcado, para estudiantes no universitarios, que es "la verdadera demanda real".

El diputado se ha referido a distintas informaciones que indican que los precios del alquiler en Cáceres se sitúan "muy por debajo" de la media del conjunto del país, al tiempo que ha defendido medidas de la Junta de Extremadura en materia de vivienda asequible a través de la colaboración público-privada para la puesta en marcha de 87 viviendas en Casa Plata, que se gestionarán en régimen de alquiler asequible.

Por otro lado, ha apuntado que el Gobierno de Guardiola, nada más llegar, cambió las becas complementarias por becas residencia, otorgando 2.500 euros a cada alumno, que se traducen en 250 euros mensuales para el alquiler.

Finalmente, la diputada de Vox Eva María García Alegre ha rechazado la propuesta señalando que, tras escuchar la intervención de la diputada de Unidas por Extremadura, se podría pensar que los problemas de la región "se solucionan con decretazos, intervencionismo y persecución sistemática de la propiedad privada".

Además, ha señalado que las plazas de esa residencia son escolares y están concebidas con "un fin social e institucional" para estudiantes de bachillerato procedentes de entornos rurales, y ha indicado que el "verdadero problema" de este centro es su "abandono material", ya que "si hoy tiene deficiencias en infraestructuras y también ofrece plazas limitadas, no lo es por la conspiración del mercado inmobiliario", sino por la "incompetencia" y la "falta de mantenimiento de las Administraciones" que han gestionado esta región durante décadas.