La crisis energética internacional ha vuelto a golpear con dureza al sector de la construcción en la región. En lo que va de año, más de 140 obras no se han ejecutado en Extremadura debido a los sobrecostes inasumibles derivados de la inflación de las materias primas. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en Extremadura, este escenario ha provocado que numerosas licitaciones públicas queden desiertas, con el consecuente retraso en las infraestructuras, y que otros proyectos ya iniciados hayan tenido que ser paralizados directamente por los empresarios para evitar la quiebra.

El desencadenante económico se sitúa en la inestabilidad internacional provocada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, factores geopolíticos que han disparado los costes energéticos y el precio de materiales esenciales. Componentes básicos como el alquitrán o el cemento se han encarecido casi un 40%, mientras que el aluminio o el acero registran subidas superiores al 20%.

El constructor y directivo de la patronal Pymecon, Juan Carlos Cotallo, ejemplifica la gravedad de la situación sobre el terreno: "En esta obra hemos tenido que subir un millón de euros el coste de un año para otro". Cotallo advierte de la desprotección del sector tanto en el ámbito público como en el privado, recordando que en las promociones privadas "se vende un año antes de terminar y no se pueden subir los precios" a los compradores, mientras que en la obra pública, "si no se adecúan los precios, las obras tienen que paralizarse porque las empresas no van a ir a pérdidas".

Sanciones administrativas y peligro de quiebra

La paralización de los proyectos públicos acarrea graves consecuencias legales para las empresas atrapadas por los precios fijados en los pliegos originales. El representante de la CNC en Extremadura, Joaquín Sánchez, lamenta la rigidez de las instituciones: "Lo primero que hace la administración es ejecutar los avales, inicia un expediente de daños y perjuicios e incluso aplica algunas sanciones económicas". Sánchez advierte de que si se ejecutan estas penalizaciones, las constructoras asumen "todavía más pérdidas, de tal manera que se llega a poner en peligro la viabilidad de la propia empresa".

Los proyectos que están sufriendo un mayor impacto por este bloqueo de precios son: obra civil y carreteras como planes de reparación de firmes y mejora de vías públicas, muy dependientes del precio del alquitrán y el cemento, y también promociones de viviendas y edificios institucionales paralizados por el encarecimiento del acero estructural y los cerramientos.

Ante este panorama alarmante, la patronal de la construcción ha solicitado con urgencia a las distintas administraciones la implantación de mecanismos excepcionales de revisión de precios, replicando las medidas correctoras que ya se aplicaron de forma exitosa tras la crisis del Covid-19.