La Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto que establece la capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de protección y articula el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo extremeño sostiene que la red regional se encuentra al borde del colapso. Según los datos aportados por la Junta, Extremadura dispone de 390 plazas, de las que apenas quedarían 20 libres, mientras que el reparto establecido por el Gobierno central supondría la llegada de 364 menores a la comunidad.

Además de presentar el recurso ante el Supremo, la Junta ha anunciado que solicitará la suspensión de la aplicación del decreto hasta que se determine si la norma se ajusta a derecho.

«No vamos a aceptar este reparto arbitrario»

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha defendido la decisión del Ejecutivo autonómico y ha cargado contra la política migratoria del Gobierno central. «No vamos a aceptar este reparto arbitrario de menores a Extremadura, y por eso, como les he anunciado, vamos a recurrir ante el Supremo este real decreto 556/2026 y llegaremos hasta las últimas consecuencias porque los extremeños, ni ningún español, tienen que pagar las consecuencias de las nefastas políticas migratorias del Gobierno de Sánchez», ha afirmado Fernández.