La secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha exigido este viernes al Ministerio de Justicia que dote al Instituto de Medicina Legal (IML) de Badajoz de los profesionales necesarios para evitar los "retrasos", de hasta 2 años, que se están produciendo en la evaluación de mujeres víctimas de violencia de género y sexual, y de menores.

Sánchez Vera ha recordado que desde hace "años" las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y los informes de las Comisiones Territoriales de Violencia de Género del TSJEx vienen recogiendo la "problemática" de la "falta" de profesionales de la psicología forense para la evaluación de las víctimas.

Un único equipo para toda la provincia

Así, ha advertido de que en la provincia de Badajoz sólo hay un equipo psicosocial, con un solo profesional de psicología forense y trabajo social, lo que está ocasionando "retrasos" en la práctica de pruebas preconstituidas y en la emisión de informes solicitados por las autoridades judiciales durante los procedimientos penales.

Precisamente, estas pruebas preconstituidas evitan la victimización secundaria, al impedir que las mujeres y menores tengan que revivir los hechos durante el juicio oral.

Además, Sánchez ha señalado que unos retrasos "tan largos" influyen en la pérdida de la huella de la memoria, un aspecto que considera clave para evitar la revictimización de las víctimas.

Petición urgente al Gobierno central

Por ello, la secretaria general exige al Gobierno que solucione esta situación "cuanto antes", que convoque oposiciones si es necesario, y que refuerce los equipos psicosociales dotando al IML de Badajoz del personal "oportuno" para atender "dignamente" a mujeres, niñas y niños en situación de "grave vulnerabilidad".

Al respecto, ha subrayado que los informes de los equipos psicosociales son de "vital importancia" para que jueces y juezas puedan finalizar la instrucción de las causas judiciales.

Competencias del Estado y apoyo autonómico

En este sentido, Sánchez Vera ha destacado que la responsabilidad de resolver este problema es "únicamente" del Gobierno de España, ya que la Junta de Extremadura no tiene competencias en materia de Justicia.

No obstante, ha señalado que la red asistencial de la Junta está "completamente" a disposición de las víctimas de violencia de género y sexual y de sus hijos e hijas, para ayudarles en su recuperación integral y favorecer que puedan recuperar una vida normalizada y con plena autonomía.