El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha comparecido a petición propia en comisión parlamentaria para presentar las líneas generales de actuación de su departamento, centradas en el control del gasto, la simplificación administrativa y el refuerzo de las políticas sociales y familiares.

Fernández Calle ha subrayado que el acuerdo de gobierno apuesta por un "control absoluto del gasto", situar a las familias en el centro de la acción política y priorizar a las personas con arraigo en Extremadura en el acceso a determinadas ayudas públicas.

Prioridad en servicios sociales y control del fraude

En materia de Servicios Sociales, Fernández Calle ha defendido que el acceso a prestaciones se base en el arraigo: "priorizaremos a las personas arraigadas en Extremadura, el principio que subyace será el de prioridad nacional", ha señalado. 

De hecho, ha dicho que "quienes se encuentren en situación irregular no accederán a prestaciones y servicios sociales estructurales, limitándose su atención a supuestos de urgencia vital", una medida que ha justificado como una forma de optimizar recursos.

Para combatir irregularidades, ha anunciado la creación de una Unidad Extremeña de Verificación del fraude prestacional y del padrón, destinada a detectar empadronamientos ficticios y otros abusos: "vamos con todo contra quienes se aprovechan del sistema", ha advertido. 

El consejero apuesta por unos servicios sociales "que no abandonen a nadie que realmente lo necesite, pero no miraremos para otro lado ante el abuso. Primero quienes han trabajado, cotizado, mantenido a sus hijos y nuestros pueblos, primero los de aquí", ha sentenciado. 

Apoyo a la natalidad y a las familias

En el ámbito de Familias, el consejero ha puesto el acento en el problema demográfico de Extremadura y en la necesidad de impulsar la natalidad. Ha afirmado que su departamento situará a las familias en el centro de las políticas públicas.

Entre las medidas avanzadas, ha destacado el aumento de las ayudas: 500 euros por nacimiento o adopción, 1.000 euros por el segundo hijo y 1.200 euros a partir del tercero, además de ampliaciones en deducciones fiscales para material escolar.

También ha anunciado una futura Ley de Familias, orientada a fomentar la natalidad y apoyar a hogares, especialmente los numerosos o con personas dependientes, con medidas en conciliación, vivienda, transporte y educación. Ha asegurado que será uno de los "grandes pilares" de la legislatura.

Menos burocracia y más control del gasto

Respecto a la Desregulación, Fernández Calle ha explicado que busca facilitar la relación con la Administración eliminando trabas: "que sea un aliado para el ciudadano" porque "el ciudadano es el jefe de la administración y no al revés", ha afirmado. 

Para ello, ha explicado, se revisarán procedimientos y se fomentará una cultura basada en la confianza en el ciudadano. El plan incluye una política de control del gasto improductivo, con auditorías periódicas y una reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, que deberán justificar cada ayuda. El consejero ha concluido que "cada euro de los ciudadanos se respeta".

Con estas líneas de actuación, el Ejecutivo regional busca reforzar la eficiencia de la Administración, garantizar el uso de los recursos públicos y reorientar las políticas sociales hacia la familia y el arraigo territorial.

Colegios de Talayuela

Sobre la eliminación de la lengua árabe en los colegios de la localidad cacereña de Talayuela, el vicepresidente ha reiterado que "el acuerdo de gobierno se va a cumplir a rajatabla", por lo que esta medida se llevará a cabo porque así se contempla en el pacto. De hecho, Fernández Calle, ha añadido que la intención "es que sea desde ya":