La Asamblea de Extremadura ha aprobado, este jueves, la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua, que busca garantizar el consumo humano de toda la población. Un texto en el que se apuesta por la gestión pública, aunque no se descarta la privatización.

La norma ha contado con el único rechazo del Grupo Popular. Consideran que la norma es ineficaz y acusa al gobierno regional de invadir las competencias de los municipios. El PSOE lo niega y les acusa de oponerse a todo por sistema.

Tanto Ciudadanos como Unidas por Extremadura apoyan la ley, aunque discrepan en cómo debe ser la gestión del servicio.
 
En caso de que se externalice el servicio, la nueva ley obligará a los ayuntamientos a usar el dinero del cánon en el mantenimiento y mejora de las infraestructuras del agua.