El primer Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura tras las vacaciones ha autorizado a su Abogacía General a emprender dos acciones judiciales contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Por un lado, interpondrá un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y, por otro, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra diversos preceptos del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de ambas autorizaciones, que tienen su origen en el desacuerdo de la Junta con varios aspectos de la norma estatal. Según el Gobierno regional, el real decreto introduce regulaciones que exceden las competencias del Estado y afectan a atribuciones exclusivas de Extremadura en materia de vivienda, urbanismo y autonomía financiera.

El conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional llega después de que el Gobierno de España rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia formulado por la Junta, sin aceptar ninguna de las objeciones planteadas. La Administración autonómica sostiene que la respuesta del Ejecutivo central no corrige las extralimitaciones detectadas, lo que le obliga a defender su marco competencial ante el alto tribunal.

Además, la Junta también recurrirá ante el Tribunal Supremo determinados artículos del mismo real decreto. Previamente, la Administración autonómica había presentado un requerimiento a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, un trámite previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, según el Ejecutivo regional, dicho requerimiento no fue atendido formalmente dentro del plazo legal de un mes.

La Junta justifica el recurso contencioso-administrativo al considerar que varios preceptos del Plan Estatal de Vivienda infringen el ordenamiento jurídico al estar afectados por falta de competencia y resultar perjudiciales para los intereses de la comunidad autónoma.

Asimismo, sostiene que estas disposiciones no respetan el reparto competencial establecido en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y la legislación vigente, por lo que entiende que son nulas de pleno derecho al formar parte de una norma que, a su juicio, vulnera el marco constitucional y legal.