La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha sido tajante tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este viernes en Madrid: si el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobierno llega a convertirse en ley, Extremadura “no descarta emplear todas las posibilidades de impugnación que confiere el ordenamiento jurídico”.

Manzano ha denunciado que la propuesta “atenta directamente contra la igualdad y contra la justicia”, y ha defendido que el sistema debe beneficiar “a todos los ciudadanos españoles, no solo a una comunidad autónoma”. Ha subrayado que la mayoría de territorios han votado en contra y que el ministro no ha aceptado replantear el modelo.

La consejera ha acusado al Gobierno de diseñar un sistema cuyo “único objetivo” es mantener a Sánchez en el poder con el apoyo del separatismo catalán, y ha insistido en que Extremadura no permitirá un modelo que comprometa la prestación de servicios públicos: hospitales, colegios, universidades y la financiación necesaria para sostenerlos.

“Cero euros para Extremadura”

Manzano ha sido especialmente crítica con el reparto: “Extremadura recibe cero euros de los 21.000 millones que se ponen encima de la mesa”, ha afirmado. Según sus cálculos, el nuevo sistema supondría para la región una caída de ingresos de 600 millones en 2027, lo que equivaldría a 517 euros menos por habitante.

La consejera ha comparado la situación con el libro que el ministro regaló a cada comunidad: en el caso de Extremadura, “La ciudad de los prodigios”, de Eduardo Mendoza, que narra la historia de un joven que abandona el campo para buscar oportunidades en Barcelona. Manzano ha preguntado directamente al ministro si ese mensaje es “premonitorio”: si lo que se pretende es que los extremeños tengan que marcharse porque la región no pueda sostener sus servicios públicos.

“Defenderemos el derecho de los extremeños a quedarse en su tierra”

Manzano ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a vivir en Extremadura y a contar con una financiación suficiente. Ha pedido al ministro volver a la “senda constitucional”, basada en los principios de igualdad, justicia y solidaridad.