Extremadura ha registrado un total de 38 solicitudes de eutanasia desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021, de las que finalmente se han llevado a cabo 13 prestaciones. Un balance que refleja un bajo nivel de aplicación en la región, coincidiendo con el quinto aniversario de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

El año 2022 fue el que concentró un mayor número de peticiones, con 11 solicitudes. Además de las prestaciones realizadas, seis fueron denegadas, tres personas revocaron su solicitud durante el proceso y otras 16 fallecieron antes de que se completara la tramitación. 

A nivel nacional, la normativa ha registrado más de 3.700 solicitudes y más de 1.600 eutanasias practicadas, lo que supone una tasa de aplicación del 0,13% sobre el total de fallecimientos.

Proceso garantista

Los profesionales destacan que se trata de un procedimiento muy garantista, ya que exige la evaluación del médico responsable, un médico consultor y la Comisión de Garantía y Evaluación, que actúa mediante informes elaborados por un equipo médico-jurídico o, en caso de discrepancias, por un pleno de 15 miembros. El proceso completo tiene una duración media de unos 40 días.

Pese a estas garantías, reconocen que la eutanasia sigue estando rodeada de estigma social. La ley, subrayan, respeta tanto la voluntad del paciente como la de los profesionales sanitarios, al contemplar la objeción de conciencia. Además, establece límites claros, al no permitir su aplicación a menores ni la solicitud por parte de terceros.

Homogeneizar el proceso entre CCAA

Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente alertan de la desigualdad en su aplicación entre comunidades autónomas. Su presidenta, Loren Aserguet, sitúa a Extremadura entre las regiones con menor implantación, con una tasa del 0,01%, muy por debajo de la media nacional.

La organización reclama la creación de unidades específicas de eutanasia que acompañen el proceso y una mayor formación de los sanitarios, así como la elaboración de un marco común que permita homogeneizar los procedimientos en todo el país y garantizar un acceso equitativo a este derecho.