El vicepresidente de VOX en la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha comunicado formalmente por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su decisión de no asistir a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para el próximo 13 de agosto, en la que se abordará la situación de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta y su posible distribución entre las comunidades autónomas.

Una iniciativa que también han secundado los vicepresidentes de Castilla y León, Carlos Pollán, y Aragón, Alejandro Nolasco, quienes han comunicado igualmente su rechazo a participar en la reunión.

En su misiva, Fernández rechaza participar en el encuentro al considerar que no puede participar en un procedimiento de traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta mientras no se hayan tramitado y resuelto previamente los expedientes individualizados exigidos por la legislación vigente.

La Comunidad Autónoma sostiene que corresponde al Estado, en el ejercicio de sus competencias en materia de extranjería, determinar de forma individualizada la situación jurídica de cada menor, incluida su edad, identidad, circunstancias familiares, interés superior y, cuando proceda, su retorno o reunificación familiar. La Junta considera que no puede trasladarse a las comunidades autónomas la responsabilidad derivada de una competencia estatal que todavía no ha sido ejercida o no ha concluido mediante una resolución firme.

"No corresponde a esta Comunidad Autónoma decidir la permanencia en España de esos menores. Esa decisión corresponde exclusivamente al Estado mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000", reza en la misiva. 

Reunificación familiar y retorno al país de origen

Extremadura reclama asimismo que se priorice la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando así resulte procedente, con todas las garantías legales y atendiendo siempre al interés superior del menor. En este sentido, considera que cualquier traslado a otros territorios puede dificultar la localización de las familias, retrasar la tramitación de los procedimientos y alejar a los menores de una eventual reunificación con sus progenitores.

La posición de Extremadura, trasladada formalmente al Gobierno de España, se fundamenta en la defensa del cumplimiento de la legislación nacional e internacional y en la necesidad de que cualquier decisión sobre estos menores se adopte con garantías jurídicas, de manera individualizada y priorizando la protección de los menores y la reunificación familiar. 

"Ya anunciamos que impugnaremos judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos, única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor", anuncia el vicepresidente en su carta al ministerio.