El terremoto político provocado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra sigue sacudiendo el panorama nacional. En el foco, la posibilidad de una moción de censura que el Partido Popular no descarta, aunque reconoce que, por ahora, no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante.

Desde el PP aseguran que no se trata de falta de voluntad, sino de números. Los populares miran directamente a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez y les instan a reaccionar ante lo que consideran una situación "insostenible". La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que los votantes de esos partidos están "circunspectos" y no entienden que quienes defendieron un Gobierno limpio sigan respaldando al que, a su juicio, es "el más corrupto de la democracia".

Muñoz ha subrayado que su partido está preparado para ofrecer una alternativa, aunque ha reconocido que la aritmética parlamentaria actual impide impulsar con éxito una moción de censura. Aun así, ha insistido en que los últimos acontecimientos "cargan de razones" al PP para reclamar un cambio político inmediato. 

En esa misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono contra el Ejecutivo. Durante el pleno de la Asamblea regional, ha calificado a Zapatero como el "padrino" del PSOE y del llamado "sanchismo", y ha acusado al presidente del Gobierno de haber ligado su destino al del expresidente. "Sánchez ha unido su futuro al de Zapatero como hizo con el fiscal general, para mantener a la mafia con vida", afirmó.

Los socios, incómodos

Mientras tanto, los socios del Gobierno comienzan a mostrar señales de incomodidad. Algunas formaciones han pasado de la duda a la preocupación y han empezado a tensar la cuerda, aunque sin llegar a romper su apoyo al Ejecutivo. Desde Sumar, varios ministros han reclamado transparencia y explicaciones, evidenciando un creciente malestar dentro del bloque que sostiene a Sánchez. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha admitido que la imputación genera "desazón" y "desafección" en las bases progresistas, pero ha remarcado que Sumar reafirma su compromiso con el Gobierno para impulsar medidas sociales en favor de la ciudadanía.

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa en la sede de su departamento, cuestionado sobre si tras la citación como investigado de Zapatero merece la pena continuar en el Gobierno o si teme que los socios parlamentarios puedan acabar retirando su apoyo al Ejecutivo.

En contraste, el PSOE mantiene una posición de respaldo a Zapatero, amparándose en la presunción de inocencia y evitando, por el momento, tomar distancia política del expresidente. Los socialistas insisten en que será la justicia la que determine responsabilidades.

Precisamente en el ámbito judicial, el caso sigue avanzando. El partido Iustitia Europa ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra. Por su parte, Vox y la organización Hazte Oír han solicitado al juez que instruye la causa que imponga medidas cautelares a Zapatero, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente.

De momento, la Fiscalía guarda silencio. Será el próximo día 2 cuando el Ministerio Público fije su posición tras la declaración del expresidente, un paso clave que podría marcar el rumbo del procedimiento.