El conflicto por la situación de los centros de transporte de Extremadura ha provocado hoy un cruce de acusaciones entre PSOE y PP, después de que la Junta haya iniciado la rescisión del contrato con la empresa concesionaria y los 56 trabajadores, algunos de ellos pertenecientes a un centro especial de empleo, lleven meses sin cobrar.

La crítica del PSOE: la Junta es "responsable"

El portavoz socialista Manuel González Andrade ha denunciado el “estado deplorable” de las instalaciones y ha acusado a la Junta de “absoluto abandono” del servicio. Según ha explicado, los trabajadores trasladan que “no hay vigilancia, hay aseos cerrados, hay techos que se están cayendo”. González Andrade ha asegurado que la presidenta María Guardiola va a despedir a los 56 empleados y que la Junta es “responsable única y exclusiva” de que lleven meses sin cobrar, porque “la propia empresa denuncia en su escrito que la Junta de Extremadura no les paga” .

El PSOE sostiene que la Junta ha actuado tarde y que ha engañado a los trabajadores, recordando que el consejero primero dijo que no era conveniente rescindir el contrato, luego anunció que buscaba otra empresa para la cesión y finalmente reconoció que no la había encontrado. “Al final nos enteramos de que todo esto era una mentira desde el minuto uno”, ha afirmado González Andrade .

El PP acusa al PSOE de “ponerse del lado de una empresa incumplidora”

Desde el PP, el portavoz José Ángel Sánchez Juliá ha defendido que la Junta se ha visto “obligada” a rescindir el contrato por los “incumplimientos constantes” de la empresa concesionaria y ha acusado al PSOE de “abandonar a 56 trabajadores” para defender a la compañía. “La Junta de Extremadura ha defendido en todo momento los derechos de los trabajadores”, ha asegurado .

Sánchez Juliá ha explicado que los pagos que la Junta realizaba a través del Sexpe “no se estaban utilizando para el pago de las nóminas”, motivo por el que se paralizaron. “Nos preguntamos si el Partido Socialista está de acuerdo de que el dinero que tenía que ir a los trabajadores se lo quedase la empresa”, ha señalado .

El PP sostiene que la Junta intentó sin éxito encontrar otra empresa para subrogar a los trabajadores y evitar su salida, y que la rescisión permite ahora que los empleados puedan acudir a la vía laboral para reclamar sus derechos. Además, ha reprochado al PSOE que vaya a votar en contra de unos presupuestos que incluyen 500.000 euros para el mantenimiento y mejora de estos centros. “La hoz de obrero se les ha caído de sus siglas”, ha afirmado Sánchez Juliá, acusando a los socialistas de “irresponsabilidad” .