La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, ha asegurado en Canal Extremadura Radio que España tiene todavía por delante una importante negociación para mantener los recursos de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero europeo. Según ha explicado, se han logrado blindar 37.235 millones de euros, pero todavía faltan 9.000 millones para alcanzar los 47.000 millones actuales.

En una entrevista en Primera Hora, con motivo de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, García Bernal ha destacado la importancia de la cita para el sector ganadero extremeño y nacional. La ha definido como un espacio fundamental de negocio y trabajo conjunto y, sobre todo, como una oportunidad para «compartir y escuchar a los ganaderos y ganaderas». La secretaria de Estado ha situado entre las principales preocupaciones del campo el encarecimiento de los fertilizantes, la energía y el gasóleo agrícola, factores que, según ha advertido, elevan los costes de producción y amenazan la rentabilidad de las explotaciones.

1.174 millones en ayudas al sector

Frente a este escenario, García Bernal ha defendido la respuesta del Gobierno y ha asegurado que España ha destinado 1.174 millones de euros al sector agroalimentario mediante tres reales decretos leyes.

«España 1.174 millones, Francia 239, Italia 110, Portugal 20», ha señalado para comparar el esfuerzo realizado por los diferentes países. También ha indicado que la Comisión Europea ha movilizado 550 millones de euros de su reserva de crisis.

Entre las medidas adoptadas, ha destacado los 635 millones de euros para ayudar a la compra de fertilizantes, de los que, según sus datos, ya se han abonado 495 millones.

La secretaria de Estado ha explicado que las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, posteriormente, el Ejecutivo analizará la evolución de los costes antes de decidir si es necesario prorrogarlas. Pese al incremento de los costes, García Bernal ha defendido la situación general de la agricultura y la ganadería españolas. «Claro que sí», ha respondido al ser preguntada sobre si actualmente resulta rentable dedicarse a estas actividades.

Ha reconocido que existen explotaciones con dificultades, pero ha sostenido que, en términos generales, «el sector agroalimentario español va bien». Como indicador, ha señalado el comportamiento de las exportaciones y un saldo positivo de la balanza comercial agroalimentaria superior a 18.000 millones de euros.

Arroz: etiquetado de origen y cláusula de salvaguarda

La secretaria de Estado también se ha referido a las dificultades del sector arrocero, especialmente relevante para Extremadura. García Bernal ha recordado las medidas recogidas en la PAC y ha adelantado que España trabaja para incorporar en la futura PAC 2028-2034 el etiquetado obligatorio del origen del arroz.

El objetivo, ha explicado, es que el consumidor pueda conocer el país de procedencia y decidir con esa información si adquiere arroz producido en España o procedente de terceros países como Myanmar o Camboya. También ha mencionado la existencia de una salvaguarda automática cuyo reglamento de ejecución se encuentra en desarrollo. No obstante, ha puntualizado que los umbrales exigidos de crecimiento de las importaciones y descenso de los precios no se cumplen actualmente.

García Bernal ha defendido, además, los controles sobre los alimentos procedentes de terceros países. Según ha detallado, se ha incrementado un 20 % el número de funcionarios en los puestos de inspección fronteriza, se revisa el 100 % de la documentación y se han reforzado las inspecciones físicas.

Sobre el acuerdo con Mercosur y su posible impacto sobre la ganadería extensiva, ha descartado que necesariamente vaya a generar problemas. Ha subrayado que existen aranceles y cláusulas específicas que permiten actuar ante una bajada de precios provocada por las importaciones.

«La industria debe pagar por encima de los costes»

Durante la entrevista también se ha abordado la situación de la aceituna manzanilla cacereña y el paro en la recogida convocado en el norte de Cáceres por La Unión. García Bernal ha resaltado el papel de este cultivo para fijar población y mantener la actividad económica de los municipios. «El olivar tradicional y de montaña es esencial para que nuestros pueblos no mueran», ha afirmado.

La secretaria de Estado ha recalcado, asimismo, que la industria debe pagar por encima de los costes de producción y ha señalado como instrumentos para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria el Observatorio de Precios de la Junta de Extremadura, las inspecciones y las denuncias ante la AICA.

Descarta financiación estatal para Tierra de Barros

En la entrevista en el programa Primera Hora, presentado por Javier Trinidad, también se ha abordado el regadío de Tierra de Barros. Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno central participe en su financiación, García Bernal ha respondido: «No, nunca lo ha estado».

La secretaria de Estado ha sostenido que Tierra de Barros es un proyecto de la Junta de Extremadura y ha explicado que tanto la declaración de impacto ambiental como la concesión de aguas corresponden a la Administración autonómica como promotora. También ha descartado la alternativa planteada tomando como referencia el Canal de Navarra. Según ha explicado, esta posibilidad ya se estudió en 2016 y fue rechazada por motivos técnicos: «Se desechó a nivel técnico porque no era viable para nuestros regadíos, no por una decisión política».

Además, ha comparado la actuación de los diferentes ejecutivos autonómicos y ha asegurado que la anterior política regional de regadíos permitió una inversión del Ministerio de Agricultura de 72 millones de euros en seis actuaciones de modernización en Extremadura.

La negociación de la futura PAC

En relación con la futura PAC, García Bernal ha explicado que España ha conseguido reservar 37.235 millones de euros en un fondo específico, aunque ha reconocido que faltan 9.000 millones para alcanzar los 47.000 millones actuales.

El Gobierno trabaja, ha indicado, para recuperar esa diferencia mediante la revisión del marco financiero y los instrumentos destinados al medio rural. Entre las reivindicaciones españolas, ha señalado como «línea roja» destinar un 10 % de la PAC a la incorporación de jóvenes. Asimismo, ha defendido que las intervenciones dirigidas a sectores como el vino o las frutas y hortalizas sean financiadas íntegramente por la Unión Europea.

García Bernal, no obstante, ha admitido que el Gobierno español no puede garantizar que finalmente no haya una reducción de los recursos porque el resultado depende de las mayorías europeas y España carece de derecho de veto. La secretaria de Estado ha señalado que España y Francia han firmado un acuerdo conjunto para defender un presupuesto suficiente que permita garantizar la soberanía y la autonomía estratégica agroalimentaria.