El vicepresidente y consejero de Presidencia la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha valorado la sentencia que condena a Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez Pérez‑Castejón por prevaricación administrativa en el caso de la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Bautista ha asegurado que el fallo, de 377 páginas, revela “la gravedad de lo sucedido” y denuncia que el proceso estuvo rodeado de “presiones, amenazas y ataques a la justicia” por parte del PSOE. “Lo más grave no es la condena, sino lo que ha venido ocurriendo hasta llegar a ella”, ha afirmado.

“Se ha señalado a los jueces, se ha acusado de lawfare y se ha puesto en duda la democracia”

Bautista ha recordado que, durante la instrucción, dirigentes socialistas cuestionaron la actuación de la jueza Beatriz Viedma y acusaron al sistema judicial de actuar con motivaciones políticas. “Se ha puesto en duda el funcionamiento de nuestro Estado de derecho, de nuestra separación de poderes y, por tanto, de nuestra democracia.”

El vicepresidente ha señalado que la instructora sufrió “amenazas y presiones” y que fue víctima del llamado caso Cloacas, en el que se investigan presuntas maniobras para frenar investigaciones judiciales.

Bautista ha defendido que la sentencia demuestra que el proceso se ha desarrollado con garantías: “La buena noticia es que la justicia ha sido capaz de llevar a cabo una instrucción bajo presión política y hacer un juicio penal completo.”

Críticas al funcionamiento del PSOE en las instituciones

El vicepresidente ha acusado al PSOE de utilizar las instituciones “de manera partidista y cortijera” tanto en la Junta como en la Diputación de Badajoz. “Esto que ha pasado con el hermano de Sánchez venía sucediendo en nuestra comunidad autónoma y en la Diputación de Badajoz.” Según Bautista, la sentencia describe un proceso diseñado para favorecer a un candidato concreto:

Bautista ha reclamado al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que pida perdón por haber acusado el PSOE a la Junta de “fabricar el caso” con dinero público.