La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha acordado la personación formal del Consistorio como codemandante en el procedimiento judicial que se tramita ante la Audiencia Nacional en relación con la Cruz de los Caídos de la Plaza de América. Con esta decisión, el equipo de Gobierno busca defender la permanencia del monumento frente a la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena su retirada.

La resolución ministerial, dictada el pasado 25 de mayo, acordó la inclusión de la cruz en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, estableciendo además su retirada en un plazo máximo de tres meses, así como su custodia y la prohibición de cualquier exposición pública. Según ha señalado el Ayuntamiento, esta personación le permitirá defender sus intereses dentro del procedimiento judicial y mantener su postura favorable a la conservación de este elemento en el espacio urbano cacereño.

El consistorio ya había presentado previamente un recurso de reposición contra la resolución del Ministerio. Entre sus argumentos, sostiene que la Cruz no reúne en la actualidad los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática para su retirada, después de que la inscripción original fuese sustituida por la leyenda: "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria". A juicio municipal, esta modificación supuso una resignificación del monumento y su descontextualización histórica.

El ayuntamiento también defiende el valor patrimonial de la cruz al recordar que cuenta con el máximo nivel de protección urbanística recogido en el Plan General Municipal, donde figura con categoría de protección integral, lo que refuerza su interés arquitectónico y paisajístico dentro de la ciudad. Además, el equipo de Gobierno considera que este elemento forma parte de la identidad urbana y sentimental de Cáceres y sostiene que no existe una demanda social prioritaria que reclame su eliminación.

Una vez se resuelva el recurso de reposición, quedará agotada la vía administrativa. En caso de que el recurso no prospere, el Ayuntamiento no descarta dar un paso más y comparecer en la causa judicial como demandante, y no únicamente como codemandante.