Tras siete sesiones y la declaración de más de 40 testigos, entre ellos agentes de la Guardia Civil, el juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, junto a otros nueve trabajadores y extrabajadores de la Diputación de Badajoz, ha quedado visto para sentencia.

La causa investiga si la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de los Conservatorios, así como su posterior nombramiento en 2022 como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, fue un caso de “enchufismo” o si, por el contrario, se ajustó a los requisitos legales establecidos.

Peticiones de prisión 

Para los principales acusados, David Sánchez y el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, las acusaciones solicitan penas de prisión incrementadas tras la recalificación de los hechos.

En concreto, para el hermano del presidente del Gobierno, las acusaciones  integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, la asociación Liberum, así como los partidos PP y Vox, piden seis años de prisión, además de multas por el doble del beneficio obtenido y la prohibición de contratar con el sector público durante diez años.

Aunque ya no se le acusa de aceptación de cargo ilegal por la prescripción del delito, el foco se desplaza hacia su presunta participación en una decisión administrativa irregular, encajada ahora bajo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. 

Gallardo, en el centro de las decisiones administrativas

Para Miguel Ángel Gallardo, las acusaciones solicitan cuatro años de prisión y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público por cada uno de los delitos imputados.

Las acusaciones populares, lo sitúan en la toma de decisiones administrativas que habrían permitido el nombramiento, encajando su actuación también en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Fiscalía y defensas piden la absolución

Frente a estas peticiones, tanto la Fiscalía como las defensas han solicitado la absolución de todos los investigados. El Ministerio Público ha pedido la absolución de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por falta de pruebas, al considerar que no se han acreditado los delitos que se les imputan.

La Fiscalía ha sostenido que la acusación se basa en “conjeturas” y no en “pruebas ciertas”, argumento en el que han coincidido las defensas de los once acusados, que en sus informes finales han denunciado que la causa se sustenta en “conjeturas, filtraciones interesadas y presión política”, pero carece de pruebas reales que acrediten delito alguno.

Gallardo critica el juicio mediático y defiende su inocencia

El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, investigado por prevaricación y tráfico de influencias, ha utilizado su turno de palabra en el alegato final para reiterar su inocencia y la del resto de acusados.

Durante su intervención, ha asegurado que «la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular». Gallardo ha denunciado que se ha intentado «distorsionar» lo sucedido en el juicio y ha criticado que la acusación popular «ya ha perdido el interés de este juicio en esta sala», apuntando que algunos letrados «ya se han ido, ya han hecho la labor que tenían».

El dirigente socialista ha vinculado esta actuación con el «juicio paralelo mediático» que asegura haber sufrido durante más de dos años y ha lamentado que «nos han condenado socialmente». Gallardo ha cerrado su intervención reiterando su confianza en la justicia y defendiendo nuevamente su inocencia.