La Junta de Extremadura ha firmado este viernes, a través del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, la ampliación del convenio con los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz para reforzar la asistencia jurídica gratuita a ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas. El acuerdo, dotado con 50.000 euros (25.000 para cada colegio), se firmó el año pasado y ahora incorpora una novedad clave: también cubrirá los casos de impago de alquiler.

Ramírez ha explicado que esta ampliación responde a una demanda directa de los colegios, que durante la vigencia del convenio han recibido entre 200 y 250 llamadas por colegio, muchas de ellas relacionadas con situaciones en las que un inquilino deja de pagar la renta y permanece en el inmueble sin título habilitante.

Asesoramiento previo para evitar fraudes, conflictos y vías no legales

El decano del Colegio de la Abogacía de Cáceres, Carlos Alberto Montero, ha destacado que el servicio ofrece información previa esencial: derechos legales, vías de acceso a la justicia, posibilidad de acudir al turno de oficio y orientación para evitar actuaciones irregulares. “Es un servicio de asesoramiento previo para que las decisiones que tomen estén debidamente asesorados y no recurran a una empresa ilegal de desocupación”, ha subrayado.

Montero ha explicado que muchos casos detectados el año pasado correspondían a contratos firmados con intención fraudulenta en los que el arrendatario no paga ni el primer mes y permanece en la vivienda. En estos supuestos, el asesoramiento permitirá denunciar el fraude o iniciar los procedimientos adecuados, como desahucios por impago.

“Es fundamental acudir a un profesional desde el primer momento”

El decano del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, ha insistido en que el servicio no sustituye al procedimiento judicial, sino que orienta al ciudadano para saber cómo actuar y a qué vía acudir. “Primero consultar con un abogado. Para eso está el servicio”, ha afirmado.

Seller ha recordado que los profesionales adscritos están en constante actualización, citando incluso una reciente sentencia por usurpación dictada en Llerena, y ha destacado que la difusión mediática de este servicio ha incrementado su uso por parte de la ciudadanía.