El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, ha intervenido este lunes en la fase final del juicio que afecta a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve investigados por la contratación de Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de Conservatorios y su posterior nombramiento como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante su exposición, Pérez Roldán ha vuelto a incidir en que la institución provincial creó un puesto a medida para David Sánchez, primero como coordinador y después como responsable de la Oficina de Artes Escénicas, una estructura que ha calificado como “cartón piedra”. En este sentido, ha asegurado que la evolución del cargo respondió a la necesidad de adaptar el puesto a la persona y no al revés.

“Un remiendo” administrativo

El letrado ha explicado que, cuando el primer cargo “se le quedó pequeño”, la Diputación optó por una solución improvisada. “Cuando el traje se le quedó pequeño, se decidió hacer un remiendo con la Oficina de Artes Escénicas”, ha afirmado. A renglón seguido, ha recordado que Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del Gobierno, fue director general de Artes Escénicas del Instituto Nacional de Artes Escénicas en los años ochenta.

Según ha detallado, ese antecedente familiar fue “uno de los motivos inspiradores del nombre, no del cambio de configuración” del nuevo organismo, al que ha definido como un “puesto homenaje”, sin una verdadera transformación funcional que justificara su creación.

“La verdad no prescribe”

En relación con los cambios realizados en la calificación jurídica de los hechos, Pérez Roldán ha subrayado que las modificaciones introducidas durante el procedimiento no alteran el fondo del caso. “La verdad no prescribe”, ha señalado, al tiempo que ha puntualizado que el cambio afecta únicamente a la calificación penal y al posible aumento de penas, pero no a los hechos investigados.

El abogado de Hazte Oír ha rechazado que la ausencia de documentos explícitos debilite la acusación. “Nadie deja por escrito que se enchufe al hermano de nadie”, ha manifestado, para después recalcar que existen indicios acreditados, interrelacionados y concluyentes. En este punto, ha insistido en que “muchos indicios hacen prueba plena” dentro del proceso penal.

Prevaricación y responsabilidad compartida

Pérez Roldán ha sido tajante al afirmar que “crear un puesto a medida es prevaricación”. A su juicio, todos los acusados son culpables, ya que intervinieron “como empleados públicos, de una u otra manera”, tanto en la creación del puesto como en el cambio de nomenclatura posterior y en la contratación del colaborador de David Sánchez, Luis Carrero.

En la parte final de su intervención, el letrado ha criticado duramente la finalidad del proyecto impulsado desde la Diputación. “No se vino a democratizar la ópera, sino a aprovecharse de todo”, ha sentenciado.

El juicio sienta en el banquillo, además de a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, a otros nueve imputados, entre funcionarios y cargos políticos de la institución provincial, por su presunta participación en el diseño y ejecución del proceso de contratación.