El juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, ha dado un giro tras declarar el tribunal prescrito la aceptación de nombramiento de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorio y posteriormente jefe de la oficina de las Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Lo que inicialmente parecía una reducción de la pena ha acabado provocando el efecto contrario: las acusaciones han endurecido su estrategia y han recalificado los hechos como prevaricación y tráfico de influencia tras la prescripción de otro delito, una figura más grave que incrementa las penas solicitadas.

El cambio se produce tras la decisión de la Sala, que avala que, aunque el delito haya prescrito, los hechos “siguen existiendo desde el punto de vista penal”. A partir de esta premisa, varias acusaciones optan por reinterpretar los mismos hechos bajo un nuevo encaje jurídico.

Recalificación de los hechos

Parte de las acusaciones, han señalado que prescribe el delito pero no los hechos, solicita ahora que esos se califiquen como prevaricación y tráfico de influencia. Esta nueva vía, que mantiene lo ocurrido pero modifica su tratamiento jurídico, permite elevar las posibles condenas.

De hecho, la recalificación supone penas más altas que las planteadas inicialmente. Por ello, las acusaciones, salvo Manos Limpias, piden hasta seis años de cárcel para David Sánchez y cuatro para Miguel Ángel Gallardo.

En esta nueva fase se configuran dos bloques claros de acusación. Por un lado, el escrito elaborado por Hazte Oír, al que se adhieren Abogados Cristianos e Iustitia Europa. Por otro, el texto presentado por PP y Vox, al que se suma la asociación Liberum. Ambos coinciden, en líneas generales, en endurecer las calificaciones jurídicas y las penas solicitadas.

Situación de David Sánchez

En el caso de David Sánchez, la modificación de la acusación se traduce en un endurecimiento de su posible responsabilidad penal. Las acusaciones solicitan para él seis años de prisión, además de multas por el doble del beneficio obtenido y la prohibición de contratar con el sector público durante diez años.

Aunque ya no se le acusa de aceptación de cargo ilegal por la prescripción del delito, el foco se desplaza hacia su presunta participación en una decisión administrativa irregular, encajada ahora bajo la figura de prevaricación y tráfico de influencia. Aunque se le mantiene el delito por la contratación de su amigo, Luis María Carrero.

Situación de Miguel Ángel Gallardo

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo también queda afectado por esta nueva estrategia. Para él se solicitan cuatro años de prisión y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público por cada uno de los delitos.

En su caso, las acusaciones lo sitúan en la toma de decisiones administrativas que habrían permitido el nombramiento, encajando su actuación igualmente dentro del ámbito de la prevaricación y tráfico de influencia.

No obstante, su situación presenta matices. El tribunal ya dejó fuera del juicio algunos hechos por considerarlos una “acusación sorpresiva”, en referencia a la contratación de Luis María Carrero, ya que Gallardo no declaró en fase de instrucción ante la jueza sobre este asunto.

El papel de Manos Limpias

A diferencia del resto de acusaciones, Manos Limpias mantiene los hechos presentado de forma conjunta, aunque introduce cambios derivados de la decisión judicial. En concreto, elimina la pena contra David Sánchez por aceptación de cargo ilegal debido a la prescripción del delito.

Además, retira a Miguel Ángel Gallardo los delitos de prevaricación vinculados a la contratación de Luis Carrero.

Choque jurídico en el juicio

El giro del proceso abre también un conflicto jurídico relevante. Las defensas y la Fiscalía cuestionan que se pueda introducir nuevos hechos en el escrito de calificación.

Ambas partes sostienen que esta modificación podría vulnerar el principio acusatorio, que garantiza el derecho de defensa y obliga a que los procesados conozcan con claridad de qué delitos se les acusa desde el inicio del procedimiento.

Frente a ello, el tribunal avala la maniobra al entender que no se alteran sustancialmente los hechos, sino únicamente su encaje jurídico, una posibilidad contemplada dentro del proceso penal.

Próximos pasos

Está previsto que las acusaciones presenten sus informes finales el lunes, mientras que las defensas lo harán el martes. Con ello, el juicio quedará visto para sentencia.