El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado el debate y la votación del dictamen sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, previstos en el pleno celebrado este lunes. Finalmente, el organismo ha decidido modificar el orden del día a petición de sus miembros para estudiar en profundidad los detalles técnicos del informe.

De este modo, el futuro inmediato de la central queda pendiente de una nueva decisión que podría abordarse en el pleno de la próxima semana. Fuentes consultadas apuntan a que el dictamen deberá ser aprobado o rechazado antes de que finalice el mes de julio. Posteriormente, la decisión recaerá en el Gobierno, que dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse, antes del 30 de octubre, fecha en la que las empresas propietarias tendrán que solicitar el cierre.

Debate político sobre la continuidad

En paralelo a este proceso, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido de que una posible prórroga de la vida útil de la central sería, a su juicio, un «error garrafal». La dirigente ha considerado que una decisión en ese sentido respondería a planteamientos ideológicos y ha defendido que la energía nuclear es un modelo «caro» y alejado de la soberanía energética del país.

De Miguel ha argumentado que España no dispone de uranio, mientras que sí cuenta con abundantes recursos renovables, como el sol. Además, ha cuestionado quién asumiría el coste de las inversiones necesarias para prolongar la actividad de la planta y ha asegurado que la central supone un gasto anual de 92 millones de euros para las arcas públicas extremeñas.

Asimismo, ha recordado que el calendario de cierre nuclear fue acordado entre las compañías eléctricas y el Gobierno, y ha reclamado una apuesta firme por las energías renovables. En este sentido, ha defendido un modelo en el que la producción energética esté en manos de la ciudadanía y no de las grandes compañías eléctricas.