La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria con el objetivo de facilitar el acceso a esta prestación a través de los centros de salud.

Durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso', celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, García ha defendido que las mujeres puedan elegir el método de interrupción voluntaria del embarazo y acceder a él con información, acompañamiento y profesionales formados cerca de sus lugares de residencia.

Para ello, el Ministerio de Sanidad prevé modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptando los requisitos para que esta prestación pueda ofrecerse también en Atención Primaria. Además, iniciará los trámites necesarios para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico, con el fin de permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

Asimismo, Sanidad actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en los centros de salud. Según explicó la ministra, las medidas se desarrollarán en coordinación con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios.

Reducir las barreras para interrumpir el embarazo

García ha explicado que estos cambios buscan reducir desplazamientos, incertidumbres y barreras para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. En este sentido, ha defendido la importancia de que las pacientes cuenten con un equipo de referencia que pueda acompañarlas antes, durante y después del proceso.

La titular de Sanidad también ha reiterado el compromiso del Gobierno con la defensa del derecho al aborto y recuerda que las comunidades autónomas tienen la obligación de garantizar el acceso a esta prestación. En este contexto, subrayó que la objeción de conciencia debe organizarse de manera que no impida la atención a las mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo.