La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado a los partidos políticos un pacto de Estado por el relevo generacional y la protección del suelo agrario de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras alertar del desembarco agresivo de fondos buitre y de capital riesgo, que están bloqueando el relevo generacional.

En concreto, entre las propuestas que se presentarán a los partidos políticos figuran reservar al menos el 10% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para jóvenes, establecer incentivos fiscales a la incorporación y regular el acaparamiento de tierras y concesiones de agua.

La organización agraria ha advertido de que cerca de 43.000 agricultores y ganaderos profesionales se jubilarán entre noviembre de 2026 y octubre de 2030, lo que representa el 17% de los autónomos agrarios en activo, según su nota técnica elaborada a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ante esta previsión, estima necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 jóvenes al año durante la próxima legislatura para evitar una reducción del tejido productivo y garantizar la soberanía alimentaria.

Propuestas fiscales, financieras y de apoyo a la incorporación

En el ámbito de la Política Agrícola Común (PAC), COAG plantea un paquete de instalación operativo con el límite de edad en 40 años y apoyos también para los nuevos profesionales que superen esa edad.

En materia fiscal, reclama un régimen específico para los cinco primeros años de actividad, la exención en el IRPF de las ayudas a la incorporación, la libre amortización para jóvenes y profesionales y una reducción de la tributación de las ayudas que perciban los jóvenes.

Asimismo, propone eximir de tributación los rendimientos por la venta o el arrendamiento de tierras a jóvenes y profesionales e introducir incentivos fiscales para quienes realicen estas transmisiones.

Por su parte, el paquete financiero incluye líneas de crédito preferente, avales públicos, fondos de garantía y una mayor agilidad y dotación de los créditos ICO-Saeca.

Respecto al acceso a la tierra, la organización pide "limitar las ayudas públicas" a los fondos de inversión y al capital sin vínculo territorial, crear instrumentos contra el acaparamiento especulativo que permitan movilizar suelo hacia profesionales activos y aprobar un estatuto del agricultor y ganadero profesional que les otorgue prioridad en las políticas públicas.

Alerta por la concentración de tierras y la entrada de fondos de inversión

De esta forma, COAG advierte que la entrada de fondos de inversión está dificultando el acceso de los jóvenes a la tierra y el agua. Según los datos recogidos en su documento, más de 900 fondos poseen tierras en la Península Ibérica valoradas en más de 100.000 millones de euros, mientras que el 6,6% de las grandes empresas agrarias concentra el 42% del valor de la producción. La compraventa de fincas rústicas ha aumentado un 20% respecto a 2019, ha señalado.

"En este contexto, ¿quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o los accionistas de Wisconsin o la City de Londres?", ha cuestionado el secretario general de COAG, Andrés Góngora, al tiempo que ha subrayado que "la agricultura y la ganadería tienen un gran futuro en España".

Góngora ha señalado que lo que "está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos". "Un joven que se quiera incorporar no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación. En comarcas agrarias, sometidas a más presión de fondos, los arrendamientos han triplicado su precio y los precios de la tierra se han duplicado", ha indicado.

Más medidas para el medio rural y las mujeres agricultoras

Para facilitar las incorporaciones al campo, COAG reclama también una tramitación "ágil y única", además de vivienda, conectividad y servicios públicos en el medio rural, que considera condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar allí su proyecto de vida.

Por otro lado, esta propuesta electoral incorpora medidas específicas para agricultoras y ganaderas, como ayudas al pago de cotizaciones en explotaciones de titularidad compartida, cotización adaptada a los ingresos reales y procedimientos homogéneos entre comunidades autónomas.

También pide extender a las mujeres mayores de 40 años las bonificaciones para cónyuges en explotaciones, cubrir lagunas de cotización y reconocer los periodos de cuidado de hijos y familiares.

Por último, la organización agraria propone una definición vinculante de agricultor profesional que condicione el acceso a las ayudas y mejoras en la protección social de los autónomos agrarios. Entre ellas figuran la exención de cotización desde el primer día de incapacidad temporal, un cese de actividad equiparable al desempleo y la cotización por rendimientos reales en estimación objetiva.

El documento incluye, además, un tope de ayudas de 60.000 euros por persona activa y la exclusión de la degresividad, medidas que la organización vincula al apoyo a las explotaciones familiares y profesionales.