MIGRACIÓN

Quintana niega un colapso del sistema de acogida de migrantes en Extremadura

El delegado del Gobierno afirma que la región tutela a 107 menores migrantes de un total de 364 plazas disponibles y apela a la solidaridad institucional

Extremadura
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3 Agosto 2026, 15:45 | Actualizado 3 Agosto 2026, 15:51

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado este lunes que "no hay un colapso generalizado" del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en la región, en respuesta a las declaraciones de la Junta de Extremadura, que sostiene que el sistema de protección está "prácticamente colapsado" y que no puede asumir la llegada de más menores.

Quintana ha defendido que los datos de los que dispone el Gobierno central reflejan una situación alejada del límite de capacidad. Según ha indicado, Extremadura tutela actualmente a 107 menores migrantes no acompañados y cuenta con un total de 364 plazas de acogida. "Entendemos que el sistema no está al límite y que no existe tampoco una situación de colapso", ha señalado.

El delegado ha recordado además que la atención a los menores migrantes corresponde a las comunidades autónomas, mientras que la gestión de los migrantes mayores de edad es competencia del Estado. En este sentido, ha reconocido que existe una "presión clarísima" en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, motivo por el que ha defendido la necesidad de una respuesta solidaria por parte del conjunto del país.

Asimismo, ha destacado que los menores trasladados entre comunidades llegan acompañados de financiación estatal, recordando la asignación de 35 millones de euros por parte de la Administración General del Estado para apoyar a las autonomías en esta materia.

Rechazo a la "prioridad nacional"

El delegado del Gobierno también ha defendido que el concepto de prioridad nacional "no cabe dentro de la Constitución española", que establece la igualdad de derechos y obligaciones sin discriminación. "Las ayudas públicas se tienen que conceder en función de la necesidad, la renta o la vulnerabilidad", ha afirmado.

Además, ha cuestionado las consecuencias de aplicar criterios de prioridad en función del origen de las personas y ha advertido de que una política basada en la discriminación supondría vulnerar principios esenciales del Estado de Derecho.