La portavoz socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha calificado como “una vergüenza” la comparecencia del vicepresidente segundo, Óscar Fernández, en la Comisión de Desregulación, Servicios Sociales e Infancia y Familia. Según ha denunciado, el consejero no respondió a las preguntas de la oposición y realizó afirmaciones que considera incompatibles con la ley, además de no aclarar el significado ni las consecuencias del proceso de desregulación.

Vega ha advertido de que esta falta de concreción genera incertidumbre sobre posibles recortes, privatizaciones o debilitamiento de los servicios públicos, especialmente los destinados a los colectivos más vulnerables. En este contexto, ha cuestionado el concepto de “prioridad nacional”, al no haberse explicado su aplicación en ámbitos sensibles como las emergencias sociales o la protección de la infancia.

Ante esta situación, ha asegurado que el Grupo Socialista intensificará su labor de control al Ejecutivo autonómico para impedir, a su juicio, el cumplimiento de un acuerdo que ha calificado de “ilegal, inhumano e injusto”, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos, las libertades y los servicios públicos en Extremadura.

Críticas de Unidas por Extremadura

También el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha cuestionado duramente la intervención del consejero tras la comisión, asegurando que evidenció “no tener ni idea de su ámbito de competencia” y una “absoluta insolvencia” al frente de la consejería.

Según ha criticado, Fernández no ofreció explicaciones sobre la situación de los Servicios Sociales, ni sobre el plan estratégico pendiente, ni sobre el sistema de protección de la infancia, cuya precariedad, ha recordado, quedó en evidencia tras el asesinato de Belén Cortés. Asimismo, ha reprochado la ausencia de referencias a Juventud, otra de las áreas bajo su responsabilidad.

González Frutos ha considerado que la comparecencia refleja que el Gobierno “no tiene claro lo que va a hacer” y ha augurado una duración limitada del Ejecutivo, ironizando con que el objetivo podría ser “quedarse sin competencias”. Además, ha alertado contra el uso del concepto de “prioridad nacional” como “cortina de humo” para ocultar intereses políticos y ha advertido del riesgo de criminalizar la migración, que ha defendido como una oportunidad para Extremadura.

La defensa del Partido Popular

Por su parte, la diputada del Partido Popular, Teresa Tortonda, ha destacado el concepto de desregulación como una herramienta para avanzar hacia “una administración más ágil y cercana a los ciudadanos”.

En materia social, ha garantizado que las políticas públicas no sufrirán recortes y que se gestionarán bajo criterios de eficacia y efectividad. En este sentido, ha asegurado que la renta extremeña garantizada no desaparecerá y se mantendrá conforme a los requisitos establecidos por ley, dirigidos a ciudadanos empadronados que acrediten residencia en la región.

Tortonda ha explicado que estos principios no son novedosos y ha recordado que ya se aplicaron durante el mandato del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando se exigían tres años de empadronamiento y residencia continuada para acceder, por ejemplo, a una vivienda pública. Por ello, ha insistido en que el concepto de arraigo y prioridad en el acceso a los recursos públicos ya estuvo presente en políticas impulsadas por gobiernos socialistas.