El Gobierno de Pedro Sánchez afronta las últimas horas de negociación para intentar aprobar este martes en el Consejo de Ministros el denominado "decreto Maricarmen", una norma con la que busca responder a la creciente presión social por la crisis de la vivienda y a las reclamaciones surgidas tras el desahucio de una octogenaria en Madrid. Sin embargo, el acuerdo continúa sin cerrarse. El Ejecutivo trabaja contrarreloj para reunir los apoyos necesarios entre sus socios parlamentarios, cuyas posiciones siguen alejadas en aspectos clave del texto.

Por un lado, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu reclaman un refuerzo de la protección a los inquilinos vulnerables. Entre sus demandas figuran medidas para frenar los desahucios, la congelación de los precios del alquiler, la prórroga de los contratos y una mayor intervención pública para garantizar el acceso a la vivienda.

En el otro extremo de la negociación se sitúan PNV y Junts, que defienden iniciativas orientadas a incrementar la oferta de vivienda mediante nueva construcción y a reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, incluyendo incentivos fiscales.

En medio de ambas posiciones, el PSOE intenta cerrar un texto que permita conciliar las exigencias de sus socios y sacar adelante el decreto.

El acuerdo está "lejos"

Las dificultades para alcanzar un acuerdo han sido reconocidas públicamente por varias ministras de Sumar. La titular de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Ejecutivo aún está "lejos" de contar con un decreto que satisfaga las demandas planteadas desde la calle y ha advertido de que "ya no valen ni medias tintas ni parches".

A través de sus redes sociales, García ha defendido medidas como la prohibición de desahucios para personas vulnerables, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la limitación de la actuación de los fondos de inversión en el mercado residencial y la renovación automática de los contratos de alquiler. A su juicio, estas propuestas constituyen un "punto de partida irrenunciable".

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha advertido de que no respaldará un texto que no esté "a la altura" de las demandas ciudadanas y ha insistido en la necesidad de aprobar un decreto que proteja a la población frente a la especulación inmobiliaria.

También Podemos ha elevado la presión sobre el Ejecutivo. La eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, ha asegurado que su partido no aceptará un acuerdo pactado con PNV y Junts que deje fuera las principales exigencias de los movimientos por la vivienda. Además, ha mostrado su apoyo a la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid y ha defendido que la movilización social es imprescindible para lograr cambios en esta materia.