El sector arrocero extremeño continúa buscando soluciones ante la situación que atraviesa el cultivo, marcada por la presión de las importaciones procedentes de terceros países y la dificultad para dar salida a buena parte de la producción almacenada. Tras la entrada en vigor de la cláusula de salvaguardia aprobada por la Unión Europea, las organizaciones agrarias consideran insuficiente el límite establecido y reclaman una reducción mucho mayor del volumen de importaciones permitido antes de activar medidas de protección.

Salvaguardia del arroz

La Unión Extremadura ha mantenido esta semana reuniones con europarlamentarios de distintos grupos políticos para intentar impulsar una nueva propuesta en Bruselas tras la decisión adoptada a finales de abril, que el sector considera “ineficaz” y “decepcionante”. Los arroceros reclaman que el umbral actual pase de 500.000 a 200.000 toneladas para activar las cláusulas de salvaguardia frente a las importaciones de arroz procedente principalmente de Myanmar y Camboya. El secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, asegura que mantener el límite actual pone en riesgo la viabilidad del sector. “Con 500.000 toneladas el sector del arroz se arruina y vamos a dejar de ser competitivos”, afirma.

Italia, España, Grecia y Francia plantearon rebajar el umbral hasta las 380.000 toneladas, aunque la propuesta no salió adelante por la oposición de varios países del norte de Europa.

Críticas del sector

Mientras tanto, en el campo aumenta la preocupación entre los productores, que denuncian que la nueva campaña de siembra está a punto de comenzar mientras todavía queda sin vender más del 60% del arroz de la pasada temporada. El productor arrocero Amador Fernández lamenta que Europa “prefiera el arroz de fuera” pese a que, según denuncia, entra con menos controles que el producido dentro de la Unión Europea. “Para nosotros es una decepción y un desastre”, señala.

El sector insiste además en la necesidad de implantar un etiquetado específico que permita distinguir claramente el arroz producido en Europa del importado desde terceros países. Los agricultores consideran que esa medida permitiría al consumidor identificar el origen del producto y elegir con mayor información, además de reforzar las garantías sanitarias y las condiciones de producción exigidas dentro de la Unión Europea.